¿La paz? Hamás!

Hay que decirlo sin rodeos: Hamás es actualmente el principal enemigo de la paz en Medio Oriente; mucho más que la ultraderecha israelí, que por fuerza de los resultados electorales acaba a veces secuestrando los márgenes de acción del gobierno de Israel, y que tiene también una enorme responsabilidad en la perpetuación del “conflicto gordiano” con los palestinos. Ahí está, para probarlo, su amenaza de boicotear, en coalición con otros 12 grupos extremistas, los diálogos directos recién reanudados en Washington, entre Benjamin Netanyahu y Mahmud Abbas.

A fin de cuentas, Hamás es el principal beneficiario del estancamiento de la negociación y, naturalmente, de la postergación indefinida de cualquier acuerdo que permita, por ejemplo, la creación de un Estado Palestino sólido, funcional y eficaz. Todo avance en esa dirección pondría en entredicho la legitimidad de su perversa estructura paramilitar; de su filantropía proselitista, basada en el asistencialismo y el adoctrinamiento de una población desesperada, atrapada entre el bloqueo y el vacío institucional; y de su contumaz negativa a reconocer la existencia del Estado de Israel.

Eso lo saben en Tel-Aviv, en Washington, en El Cairo y en Ammán. Pero también en Teherán. ¿Qué sería del régimen iraní sin la confrontación israelo-palestina para atizar el fanatismo? Con qué alimentaría su retórica anti-estadounidense? Con qué justificaría su intervencionismo en el mundo árabe, del cual no forma parte, pero al que tiene en la mira de sus ambiciones geopolíticas?

No sorprende, entonces, que Ahmadineyad apoye a Hamás y condene de antemano las negociaciones. Ambos quieren —y necesitan— hacer imposible la paz. +++

La manera rusa

Mientras Tel Aviv denuncia como totalmente inaceptable “que un país que viola tan descaradamente [los tratados internacionales] disfrute de los beneficios de emplear energía nuclear”, y desde Washington se rebaja el perfil del suceso para evitar que Israel caiga en la tentación de lanzar ataque preventivo, rusos e iraníes han puesto en funcionamiento, tras 35 años y en medio de una acalorada controversia, la central nuclear de Bushehr.

Podría pensarse que el episodio constituye una victoria de Teherán frente al recelo y la sospecha que suscita, en la región y el mundo, su desafiante reivindicación del uso de energía nuclear con fines presuntamente pacíficos. Pero en realidad, y a pesar de la retórica triunfalista de Ahmadineyad, no es Irán, sino Rusia, quien sacará el mayor provecho geopolítico.

En efecto: al fungir como proveedor material y garante de la legalidad internacional en Bushehr, sin romper el consenso existente en materia de sanciones contra Irán en el Consejo de Seguridad, y apoyándose en la Agencia Internacional de Energía Atómica, Moscú aspira a convertirse en piedra angular de la futura resolución del contencioso nuclear iraní; mientras por otro lado, sienta las bases para ejercer una mayor influencia en Oriente Medio, sin incurrir para ello en el enorme costo político y militar que a Washington en cambio le ha tocado sufragar desde hace años.

Para tranquilidad del mundo, tampoco al Kremlin le interesa patrocinar la proliferación nuclear, mucho menos en su vecindario. Y puede que a la larga, la “manera rusa” tenga en este caso más suerte que la “manera americana”, preponderantemente coercitiva. +++

El triunfo del pragmatismo

Más allá de los resultados concretos que en el corto y mediano plazo se deriven del encuentro de los presidentes Santos y Chávez en Santa Marta, el primer gran logro del nuevo gobierno en materia de política exterior es haberle dado un viraje radical al enfoque y la estrategia que la administración Uribe impuso a las relaciones internacionales de Colombia durante los últimos años.

Este viraje implica pasar de una lectura dogmática, maniquea e ideologizada de la política internacional a una visión esencialmente pragmática, racional y flexible (y en consecuencia, mucho más resiliente y adaptativa). Este nuevo enfoque, por ejemplo, reconoce que Chávez es el que es y que no dejará de serlo, así como tampoco su proyecto de revolución bolivariana, expansivo por naturaleza. Pero ante el hecho irremediable de la vecindad colombo-venezolana, no renuncia a encontrar una fórmula minimalista, basada en la coexistencia tanto como en la contención, que a partir de una adecuada valoración estratégica garantice la mejor satisfacción de los diversos intereses de Colombia y de los colombianos (no sólo en el campo de la seguridad), mientras se reduce al mismo tiempo la exposición internacional del país y de sus asuntos internos por cuenta de la crónica tensión con Venezuela.

¿Diplomacia meliflua y babosa? Para nada. Tampoco reconciliación definitiva. Ninguna ingenuidad, ninguna renuncia o apaciguamiento, sino un oportuno y acertado ejercicio de realismo: el que necesita el país para recuperar su espacio en el entorno regional, proyectar sus objetivos, y capitalizar las oportunidades que ofrece el complejo (pero promisorio) escenario internacional del siglo XXI. +++

Es una Corte, no el mono de la pila

Es lamentable la forma en que la Corte Penal Internacional ha sido banalizada en Colombia, como si en lugar de ser un tribunal de justicia internacional creado para sancionar los crímenes más graves y que mayor repulsa generan en la conciencia moral de la humanidad (agresión, genocidio, de guerra y de lesa humanidad), fuera un juez promiscuo o incluso peor, el mono de la pila.

Desde el ex presidente Uribe hasta el Fiscal interino, el Representante Cepeda e incluso algunos altos mandos de la Fuerza Pública, muchos han contribuido a que en Colombia la gente tome a la Corte como un despacho de quejas y reclamos, como un juez de tutela o de tercera instancia con competencias retroactivas, o como un club de superhéroes que vendrán (con toga y peluca) a capturar a los terroristas en la selva o a disciplinar Chávez, con base en unas pruebas que demuestran lo que ya se sabe (la activa presencia de las Farc en Venezuela), pero no el involucramiento directo y personal del mandamás vecino en hecho alguno que constituya crimen de competencia de la Corte.

Toda esta bulla distrae de la cuestión fundamental: que si Colombia quiere blindarse frente a una eventual intervención del tribunal (que implicaría que el Estado no quiere o no puede cumplir con sus funciones jurisdiccionales), debe asumir con seriedad los procesos de verdad, justicia y reparación, consolidar su sistema judicial y fortalecer los cuerpos policiales, de tal forma que estén preparados para asumir el inmenso desafío de la reconciliación y el tránsito final al postconflicto. +++

Colombia aprende

Ante el hecho cumplido no tiene ya sentido preguntarse —como el interesante editorial del Washington Post del viernes pasado— por qué quiso el presidente Uribe concluir su mandato con un nuevo enfrentamiento con el porfiado caudillo venezolano, Hugo Chávez. Quizá sus razones, como las de Carlos III para expulsar a los jesuitas de todos sus dominios, queden para siempre guardadas “en lo más profundo de su corazón”, al lado de otras encrucijadas que allá en el fondo nunca ha dado por resueltas.

Más importantes son las lecciones que Colombia haya podido sacar de este nuevo episodio de la crónica de desencuentros con el régimen del vecino país. Sobre todo en relación con los límites de los foros multilaterales como instancias de tramitación de conflictos. Éstos, a fin de cuentas, no son tribunales en los que la contundencia de las pruebas lo define casi todo, ni en los que un juez arbitra diferencias desde el pináculo de la neutralidad y la sujeción al derecho, ni en los que la intervención de terceros requiere su legitimación en la causa. Funcionan a veces, más bien, como un desordenado chat en el que cada quien cuenta la historia como quiere, en el que los argumentos no persuaden sino sólo en la medida en que convienen, y en el que con frecuencia las disputas de dos acaban siendo de tantos, que en lugar de resolverse se amplifican.

De poco sirven cuando falta la buena voluntad de una de las partes. Y “sentar el precedente”, en realidad, es un magro (y quizá costoso) consuelo. +++

Legal sí, ¿pero viable?

Finalmente se ha conocido la respuesta de la Corte Internacional de Justicia a la pregunta planteada por la Asamblea General de la ONU sobre la declaración unilateral de independencia de Kosovo proclamada en febrero de 2008. Según el tribunal, ésta no viola ni el derecho internacional general, ni la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad o el Marco Constitucional de Autogobierno Provisional derivado de la misma. Aunque advierte que, en cualquier caso, “es perfectamente posible que un acto particular —como una declaración de independencia— no viole la ley internacional, sin que ello implique el ejercicio de un derecho conferido por ella”.

Mejor dicho: la declaración de independencia de los kosovares no es ilegal, pero no supone de suyo que tengan un derecho específico a la secesión. A fin de cuentas, añade la Corte, fue lo primero y no lo segundo lo que le preguntaron.

Qué lástima. Hubiera sido la ocasión para abrir la discusión sobre el alcance y sentido que tienen actualmente algunos principios fundamentales del derecho internacional, como el de la libre autodeterminación de los pueblos y el de integridad territorial; y para debatir tesis como la de la “independencia compensatoria”, que ve en ésta una forma de resarcir los daños sufridos por los kosovares durante la guerra.

De todos modos, no es la legalidad sino la viabilidad de Kosovo lo que realmente importa. Vaya ironía: poco después de divulgarse la opinión de la CIJ, era detenido el gobernador del Banco Central kosovar por corrupción, evasión fiscal y blanqueo. Definitivamente, no hay mejor humorista que la historia. +++

El Gobierno soy yo (la concepción del poder de Álvaro Uribe Vélez)

Uno de los debates fundamentales de la filosofía política tiene que ver con una pregunta recurrente: "¿cuál es el mejor gobierno, el de las leyes o el de los hombres?". No cabe duda de que durante estos ocho años en el poder, el presidente Uribe ha demostrado más de una vez su preferencia por este último: por una manera de gobernar en que, aun sin subvertir el Estado de Derecho, prima una concepción personalista, carismática, algo plebiscitaria, paternalista, efectista y emocional del ejercicio del poder.

Este es uno de los legados incómodos, que al lado de otros muy positivos, tendrá que recibir el nuevo gobierno con beneficio de inventario.

En efecto: la omnipresencia presidencial, la idea de que su investidura se fundamenta en una amalgama de providencialismo y excepcionalidad individual, el permanente recurso a la "opinión" como fuente de legitimidad (y su exaltación como "fase superior del Estado de Derecho"), la preferencia por la limitación tuitiva de la autonomía antes que por la expansión de la ciudadanía, y su acentuada tendencia a la reacción inmediata, instintiva y personalizada en situaciones de crisis, están en las antípodas de un modelo institucional moderno, liberal, democrático y republicano.

En ocho años de Gobierno, varios fueron los intentos por reformar apartes fundamentales de la Constitución del 91. Siete reformas prosperaron en el Congreso, entre ellas, la reelección presidencial por una sola vez, que aplicó el propio Uribe; la segunda, la penalización de la dósis mínima de droga, un proyecto que había sido rechazado en varias oportunidades, y la reforma política, que surgió a raíz del escándalo de la parapolítica y que quita la curul a congresistas con nexos con la ilegalidad.

Paradójicamente, quizá sea el éxito de su esfuerzo por transformar la situación interna de Colombia el que inhiba el arraigo de esta dimensión del uribismo.

"Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas", dice el refrán. Uribe fue la respuesta desesperada que le dio a sus problemas una sociedad desesperada. Una respuesta cuya eficacia (a pesar de algunos y muy graves lunares) le permite ahora a Santos recibir un país en el que están dadas las condiciones no sólo para la prosperidad, sino sobre todo para la normalidad democrática, y por lo tanto, para ejercer el poder y orientar el gobierno de una manera radicalmente distinta. +++

(Especial para el diario El Tiempo, 25 de julio de 2010)