Ha concluido el proceso de sucesión presidencial en Colombia y el afortunado vencedor tendrá mucho que hacer durante las próximas semanas. Seguramente, dedicará parte de su tiempo a definir y concretar las líneas maestras y la agenda de la que vaya a ser su política exterior. Cuando lo haga, encontrará allí problemas que es urgente resolver, frente a los cuales necesitará tanta prudencia como audacia, y en cuya gestión tendrá que combinar la acción intrépida con la paciencia estratégica a fin de asegurar los intereses nacionales.
También descubrirá (y es poco probable que se sorprenda) que muchos de los temas de la política exterior colombiana están directamente vinculados (y son inseparables) de la agenda doméstica. Por ejemplo: la discusión interna sobre el fuero militar y las necesarias garantías judiciales para los miembros de la Fuerza Pública tiene que ver con que se tramite adecuadamente el escandaloso asunto de los “falsos positivos”. Lo anterior, junto con las tensas relaciones del Ejecutivo con la Judicatura que hereda de la administración Uribe, inciden en la perspectiva de una eventual intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia, la cual es prioritario evitar mediante el blindaje y fortalecimiento de las capacidades institucionales internas. Y todo esto es clave a la hora de satisfacer los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales dependen la credibilidad del país y su acceso a importantes oportunidades de cooperación y desarrollo.
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