Si la justicia ecuatoriana llegara a solicitar algún día la extradición del ex ministro Santos, o de los generales Padilla y Naranjo, la cosa debería ser así de simple: cualquiera que sea el Presidente en ejercicio, haciendo uso de la discrecionalidad de la que goza para el efecto, se abstendría de concederla; y aprovecharía la ocasión para reiterar que en su momento ellos no hicieron sino actuar en estricto cumplimiento de un deber legal, sin intención criminal alguna —que es lo que aparentemente les imputa el fiscal de Sucumbíos—, y en defensa del más legítimo interés del Estado y el pueblo de Colombia.
No se puede negar a Ecuador la competencia que tiene para investigar los hechos ocurridos en su territorio. La jurisdicción es un derecho inherente a la soberanía territorial: esa que precisamente transgredió Colombia, no para afectar la integridad física ni la independencia política de Ecuador, sino para defenderse legítimamente de la amenaza actual y presente que encarnaba el famoso campamento de ‘Raúl Reyes’, en el que medraban las Farc prevaliéndose de estar del otro lado de la frontera.
Pero tampoco puede dudarse de la razón que en su momento asistió a Colombia para emplear un recurso extremo y excepcional, que en otro escenario (el de la cooperación, la solidaridad y la confianza) habría sido completamente innecesario.
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