Legal sí, ¿pero viable?

Finalmente se ha conocido la respuesta de la Corte Internacional de Justicia a la pregunta planteada por la Asamblea General de la ONU sobre la declaración unilateral de independencia de Kosovo proclamada en febrero de 2008. Según el tribunal, ésta no viola ni el derecho internacional general, ni la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad o el Marco Constitucional de Autogobierno Provisional derivado de la misma. Aunque advierte que, en cualquier caso, “es perfectamente posible que un acto particular —como una declaración de independencia— no viole la ley internacional, sin que ello implique el ejercicio de un derecho conferido por ella”.

Mejor dicho: la declaración de independencia de los kosovares no es ilegal, pero no supone de suyo que tengan un derecho específico a la secesión. A fin de cuentas, añade la Corte, fue lo primero y no lo segundo lo que le preguntaron.

Qué lástima. Hubiera sido la ocasión para abrir la discusión sobre el alcance y sentido que tienen actualmente algunos principios fundamentales del derecho internacional, como el de la libre autodeterminación de los pueblos y el de integridad territorial; y para debatir tesis como la de la “independencia compensatoria”, que ve en ésta una forma de resarcir los daños sufridos por los kosovares durante la guerra.

De todos modos, no es la legalidad sino la viabilidad de Kosovo lo que realmente importa. Vaya ironía: poco después de divulgarse la opinión de la CIJ, era detenido el gobernador del Banco Central kosovar por corrupción, evasión fiscal y blanqueo. Definitivamente, no hay mejor humorista que la historia. +++

El Gobierno soy yo (la concepción del poder de Álvaro Uribe Vélez)

Uno de los debates fundamentales de la filosofía política tiene que ver con una pregunta recurrente: "¿cuál es el mejor gobierno, el de las leyes o el de los hombres?". No cabe duda de que durante estos ocho años en el poder, el presidente Uribe ha demostrado más de una vez su preferencia por este último: por una manera de gobernar en que, aun sin subvertir el Estado de Derecho, prima una concepción personalista, carismática, algo plebiscitaria, paternalista, efectista y emocional del ejercicio del poder.

Este es uno de los legados incómodos, que al lado de otros muy positivos, tendrá que recibir el nuevo gobierno con beneficio de inventario.

En efecto: la omnipresencia presidencial, la idea de que su investidura se fundamenta en una amalgama de providencialismo y excepcionalidad individual, el permanente recurso a la "opinión" como fuente de legitimidad (y su exaltación como "fase superior del Estado de Derecho"), la preferencia por la limitación tuitiva de la autonomía antes que por la expansión de la ciudadanía, y su acentuada tendencia a la reacción inmediata, instintiva y personalizada en situaciones de crisis, están en las antípodas de un modelo institucional moderno, liberal, democrático y republicano.

En ocho años de Gobierno, varios fueron los intentos por reformar apartes fundamentales de la Constitución del 91. Siete reformas prosperaron en el Congreso, entre ellas, la reelección presidencial por una sola vez, que aplicó el propio Uribe; la segunda, la penalización de la dósis mínima de droga, un proyecto que había sido rechazado en varias oportunidades, y la reforma política, que surgió a raíz del escándalo de la parapolítica y que quita la curul a congresistas con nexos con la ilegalidad.

Paradójicamente, quizá sea el éxito de su esfuerzo por transformar la situación interna de Colombia el que inhiba el arraigo de esta dimensión del uribismo.

"Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas", dice el refrán. Uribe fue la respuesta desesperada que le dio a sus problemas una sociedad desesperada. Una respuesta cuya eficacia (a pesar de algunos y muy graves lunares) le permite ahora a Santos recibir un país en el que están dadas las condiciones no sólo para la prosperidad, sino sobre todo para la normalidad democrática, y por lo tanto, para ejercer el poder y orientar el gobierno de una manera radicalmente distinta. +++

(Especial para el diario El Tiempo, 25 de julio de 2010)

Promesas incumplidas

Cinco meses después del terremoto de Haití, los 5,3 billones de dólares ofrecidos por varios países en la Conferencia de Donantes auspiciada por Washington están, como se dice en Colombia, envolatados. Y aunque se han distribuido miles de tiendas y se ha logrado asegurar la provisión de agua potable, alimentación básica y atención médica esencial a cerca de un millón de sobrevivientes, los escombros permanecen apilados allí donde quedaron por fuerza de la naturaleza; y por ahora, los planes de reconstrucción urgente aprobados en abril parecen estar estancados. ¿La razón? Otro desastre, pero esta vez puramente humano: el que resulta de la lentitud en la asignación y distribución de los recursos ofrecidos, la falta de coordinación entre las distintas agencias internacionales involucradas y, sobre todo, de la precaria capacidad de las autoridades locales del que ya antes del sismo era el Estado más pobre y débil del continente americano.

Ojalá esta prueba de fuego para la comunidad internacional no se pierda en recriminaciones y reivindicaciones. Debería pensarse más bien en diseñar e implementar un régimen de atención de emergencias, con un fondo internacional permanente y unos dispositivos de despliegue rápido y eficaz, capaces de proporcionar no sólo ayuda paliativa sino de administrar y canalizar recursos inmediatos para ejecutar los programas de reconstrucción. En otras palabras, para evitar que la suerte de las víctimas quede sujeta al albur los trámites, las disputas burocráticas, el espectáculo y el oportunismo mediático, y para que los desastres naturales no se agraven con los más humanos de la negligencia y de la lentitud. +++

Regalos de independencia

Se celebra este año no sólo el bicentenario de la independencia de varios Estados latinoamericanos, sino los cincuenta años de independencia, también, de algunas naciones africanas. Es el momento oportuno para releer a Kipling (“The White Man’s Burden”), a Conrad (“El corazón de las tinieblas”), y también a Fanon (“Los condenados de la tierra”), y hacer un balance de lo que estas cinco décadas han significado para los pueblos de África, muchos de los cuales viven hoy sometidos a regímenes cuyas crueldades y desmanes (en Zimbabue, Eritrea, Guinea o Darfur) harían palidecer al más feroz de los colonos de antaño.

También se podría aprovechar la ocasión para pedir un par de regalos para ese continente, con la esperanza de que en un futuro cercano logre ya no la independencia sino también la libertad, ya no la emancipación sino la justicia.

Habría que pedir nuevos líderes, que estén a la altura del destino que merecen sus pueblos. Es una vergüenza que por segundo año consecutivo se haya declarado desierto el premio Mo Ibrahim —el premio individual de mayor dotación económica del mundo, creado para exaltar la labor de ex líderes africanos que establezcan ejemplos de gobiernos honestos y democráticos. Y habría que pedir también que las potencias, viejas y nuevas, dejen de hacer pactos con el diablo, con Mugabe, Gaddafi, Obiang y compañía, a quienes dejan hacer a voluntad a cambio de millonarios contratos de explotación de recursos y de compra de armamentos.

Mientras tanto, ¡enhorabuena! Aunque para muchos africanos no haya en realidad nada qué celebrar. +++

¿Dónde está la flotilla humanitaria?

Sorprende el interés que algunas organizaciones tienen en ciertos asuntos, y el desdén —entre cómplice e irresponsable— que reservan para otros que, por pura coherencia, deberían importarles. Por ejemplo, el inflamado celo con que se emprenden las cruzadas humanitarias para denunciar la situación palestina (de la que también Hamás es responsable); mientras se soslaya la tragedia que viven millones de seres humanos bajo la férula inflexible de regímenes canallas, con los que paradójicamente se hace gala de infinita (y sospechosa) paciencia.

¿Dónde están las flotillas humanitarias camino de Burma, Guinea Ecuatorial, Guinea, Eritrea, Libia, Corea del Norte —dictadura en proceso de sucesión y no de liquidación—, Somalia, Sudán, Turkmenistán, Uzbekistán y Tíbet? Allí se producen las mayores violaciones de derechos civiles y libertades políticas en todo el mundo: el omnipresente control estatal sobre la vida cotidiana es abrumador, la sociedad civil ha perdido su autonomía y la oposición política ha sido prohibida o suprimida, mientras la gente vive bajo el imperio del miedo. Pero como no ofrecen una buena oportunidad propagandística, estos dramas se invisibilizan o simplemente se encubren, en provecho de los tiranos de turno y de aquellos por venir.

Eso pasa cuando el humanitarismo, que es ante todo un compromiso ético y político, se emplea como instrumento de proselitismo. El límite entre los dos es tenue, pero existe y hay que defenderlo.

NB. Resulta esperanzador que alguien como M.A Holguín llegue a dirigir la Cancillería. Ojalá sus esfuerzos den los mejores frutos, como lo requiere el complejo momento que atraviesa la política exterior colombiana. +++

Pensando en el nuevo gobierno

Ha concluido el proceso de sucesión presidencial en Colombia y el afortunado vencedor tendrá mucho que hacer durante las próximas semanas. Seguramente, dedicará parte de su tiempo a definir y concretar las líneas maestras y la agenda de la que vaya a ser su política exterior. Cuando lo haga, encontrará allí problemas que es urgente resolver, frente a los cuales necesitará tanta prudencia como audacia, y en cuya gestión tendrá que combinar la acción intrépida con la paciencia estratégica a fin de asegurar los intereses nacionales.

También descubrirá (y es poco probable que se sorprenda) que muchos de los temas de la política exterior colombiana están directamente vinculados (y son inseparables) de la agenda doméstica. Por ejemplo: la discusión interna sobre el fuero militar y las necesarias garantías judiciales para los miembros de la Fuerza Pública tiene que ver con que se tramite adecuadamente el escandaloso asunto de los “falsos positivos”. Lo anterior, junto con las tensas relaciones del Ejecutivo con la Judicatura que hereda de la administración Uribe, inciden en la perspectiva de una eventual intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia, la cual es prioritario evitar mediante el blindaje y fortalecimiento de las capacidades institucionales internas. Y todo esto es clave a la hora de satisfacer los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales dependen la credibilidad del país y su acceso a importantes oportunidades de cooperación y desarrollo.

No se puede ignorar esta relación. A menos, claro, que la promesa de continuidad implique también la de prolongar las equivocaciones. +++