Es lamentable la forma en que la Corte Penal Internacional ha sido banalizada en Colombia, como si en lugar de ser un tribunal de justicia internacional creado para sancionar los crímenes más graves y que mayor repulsa generan en la conciencia moral de la humanidad (agresión, genocidio, de guerra y de lesa humanidad), fuera un juez promiscuo o incluso peor, el mono de la pila.
Desde el ex presidente Uribe hasta el Fiscal interino, el Representante Cepeda e incluso algunos altos mandos de la Fuerza Pública, muchos han contribuido a que en Colombia la gente tome a la Corte como un despacho de quejas y reclamos, como un juez de tutela o de tercera instancia con competencias retroactivas, o como un club de superhéroes que vendrán (con toga y peluca) a capturar a los terroristas en la selva o a disciplinar Chávez, con base en unas pruebas que demuestran lo que ya se sabe (la activa presencia de las Farc en Venezuela), pero no el involucramiento directo y personal del mandamás vecino en hecho alguno que constituya crimen de competencia de la Corte.
Toda esta bulla distrae de la cuestión fundamental: que si Colombia quiere blindarse frente a una eventual intervención del tribunal (que implicaría que el Estado no quiere o no puede cumplir con sus funciones jurisdiccionales), debe asumir con seriedad los procesos de verdad, justicia y reparación, consolidar su sistema judicial y fortalecer los cuerpos policiales, de tal forma que estén preparados para asumir el inmenso desafío de la reconciliación y el tránsito final al postconflicto. +++
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